La comunidad de vecinos ya puede vetar los pisos turísticos en España

En los últimos años, los pisos turísticos han crecido de forma exponencial en muchas ciudades españolas, generando tensiones entre vecinos, propietarios e inquilinos. Ahora, un cambio legislativo introduce una novedad importante: una comunidad de vecinos pueden prohibir legalmente este tipo de alquileres en sus edificios.

¿Qué cambia exactamente?

La reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal permite que, con una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios —que representen a su vez las tres quintas partes de las cuotas de participación—, una comunidad de vecinos decida limitar o incluso prohibir el uso turístico de las viviendas en el edificio.

Este cambio otorga más poder a las comunidades para proteger la convivencia y evitar molestias derivadas de los alquileres de corta duración, como el trasiego de turistas, ruidos o el deterioro de las zonas comunes.

¿A quién afecta en una comunidad de vecinos?

Esta medida afecta principalmente a aquellos propietarios que están alquilando sus pisos a través de plataformas de alquileres turísticos. Si la comunidad aprueba la prohibición, no podrán seguir explotando la vivienda con este fin, aunque ya contaran con licencia previa.

Eso sí, para que la medida tenga efectos legales, debe estar registrada en el acta de la junta de propietarios y comunicarse a todos los vecinos.

¿Qué pasa con los pisos que ya estaban operando como turísticos en la comunidad de vecinos?

En principio, los pisos que ya funcionaban como alquiler turístico podrían verse afectados si la comunidad de vecinos aprueba la restricción. No obstante, podrían darse conflictos legales si los propietarios consideran que se están vulnerando derechos adquiridos. La jurisprudencia aún está en evolución y será clave en los próximos meses.

¿Es esta la solución al problema de la convivencia?

Este avance legislativo busca equilibrar el derecho a la propiedad con la necesidad de mantener la armonía y seguridad en los edificios residenciales. Para muchos vecinos, supone un alivio; para otros, una posible traba a la rentabilidad de su inversión.